A partir de febrero de 2025, España implementará una nueva revisión de su política de adjudicación de la nacionalidad.
Lo que podría afectar a miles de ciudadanos que han adquirido este derecho a través de vías no originarias, como la residencia.
En 2023, más de 240,000 residentes obtuvieron la nacionalidad española, y esta nueva normativa se centrará en aquellos que no son ciudadanos de origen.
El Gobierno español prestará especial atención a casos de incumplimiento, como el uso de la nacionalidad previa, la participación en actividades contrarias a los intereses del país o fraudes en el proceso de naturalización. Esto ha generado preocupación entre quienes han adquirido el pasaporte español recientemente.

Razones por las que podrías perder la nacionalidad española:
- Uso de la Nacionalidad Previa: Si el ciudadano mantiene activa y utiliza su nacionalidad original durante un período de tres años tras haber renunciado a ella al adquirir la nacionalidad española.
- Servicio Militar o Político en el Extranjero: Entrar voluntariamente en el servicio de las armas o ejercer un cargo político en un Estado extranjero, especialmente si estas actividades son contrarias a las disposiciones expresas del Gobierno español.
- Fraude en el Proceso de Nacionalización: Ser declarado culpable de falsedad o fraude en la adquisición de la nacionalidad.
¿Cómo se puede recuperar la nacionalidad española?
Para quienes pierdan la nacionalidad, existe un procedimiento de recuperación que incluye:
— Residencia Legal en España: El interesado debe residir legalmente en España. Este requisito no aplica a emigrantes ni a hijos de emigrantes. Además, el Ministro de Justicia puede dispensarlo en casos excepcionales, como actividades benéficas realizadas en favor de intereses o asociaciones españolas, según la Orden Ministerial del 11 de julio de 1991.
— Declaración Formal: Manifestar la intención de recuperar la nacionalidad ante el Registro Civil.
— Inscripción en el Registro Civil: Formalizar la recuperación en el registro correspondiente.
La revisión de febrero 2025 marcará un punto de inflexión en la política de nacionalidad española, destacando la importancia de respetar las condiciones bajo las cuales se otorga este beneficio.
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